Debate territorial

La izquierda y la derecha andaluza se levantan contra Urkullu: «No somos menos que nadie»

Iñigo Urkullu
El lehendakari, Iñigo Urkullu (EUROPA PRESS).

La propuesta lanzada este jueves por el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu (PNV), de reinterpretar la Constitución para un acuerdo territorial de la España plurinacional ha levantado ampollas en Andalucía, a uno y otro lado del espectro político, por suponer una afrenta contra la comunidad.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha querido dejar claro este viernes que Andalucía es una comunidad de «primera» que nunca ha querido ser más que nadie, pero tampoco va a permitir ser «menos» que los demás territorios.

Para Sanz, dialogar siempre es positivo, aunque ha recalcado los «límites: garantía de respeto a la Constitución y no dar pasos atrás en pro de la igualdad de todos los españoles».

El consejero ha recordado que Andalucía accedió a su autonomía por la misma vía que el resto de comunidades históricas y eso «hay que respetarlo». «Andalucía va a defender su posición y vamos a exigir respeto a la Constitución», ha rematado Sanz declaraciones a Canal Sur Radio, subrayando que el «liderazgo» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es una garantía para esta defensa.

Los partidos andalucistas también han alzado la voz.  La Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez considera que la propuesta de Urkullu -publicada este jueves en una tribuna de El País- de celebrar una convención constitucional para reinterpretar la Carta Magna en materia territorial «atenta contra la historia de Andalucía», ya que que aumentar el autogobierno de País Vasco, Cataluña y Galicia propicia que «el pueblo andaluz sea un pueblo de segunda».

«Adelante Andalucía, y creemos que la mayoría de la sociedad andaluza, no va a permitir un modelo territorial donde se menosprecie la historia de Andalucía», ha señalado el portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, mostrándose partidario de «un Estado descentralizado confederal donde los pueblos tengan la soberanía».

García ha apelado a diferentes hitos en la historia de Andalucía por ser un sujeto político: «Nuestros padres y nuestras abuelas consiguieron a través del 28 de febrero, a través del 4 de diciembre, tener el mismo nivel político que Galicia, Euskadi y Cataluña. Lo que no vamos a permitir es que ahora se nos ningunee. Nosotros apostamos por un modelo descentralizado confederal donde Andalucía tenga el mayor peso político posible», ha proclamado.

García ha desechado cualquier otro planteamiento de la estructura territorial de España porque en ese supuesto supondría «seguir insistiendo en una situación de desventaja territorial, de infrarrepresentación política y de infrafinanciación» de Andalucía.

Partido Andalucista

Además, históricos referentes del Partido Andalucista (PA), como el fundador de dicha formación y ex alcalde de Sevilla Alejandro Rojas-Marcos, han replicado al lehendakari que Andalucía «no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución», en referencia a País Vasco, Cataluña y Galicia.

En un escrito titulado Sin Andalucía, no, lehendakari Urkullu, referentes del extinto partido defienden que la «propuesta de reordenación territorial» de España expuesta por Urkullu «exige una respuesta urgente desde Andalucía».

Quienes se reivindican como los anteriores «representantes del pueblo andaluz, en nombre del primer y único partido andaluz de la historia», el PA, consideran que «la iniciativa de Urkullu es oportuna, por las actuales circunstancias políticas del Estado español, y legítima, por la autoridad del máximo representante del pueblo vasco».

Pero, desde esa premisa, sostienen que «el modelo territorial que diseñó el constituyente de 1978 ya hace tiempo que viene dando señales de agotamiento, como es normal en el transcurso del tiempo, y es hora de explorar nuevos caminos, con clarividencia y sin dramatismos».

Los firmantes de este documento agregan que, desde Andalucía, «su iniciativa no debe ser demonizada porque eso sólo nos conduciría a la parálisis y al enfrentamiento» y, «lo que es peor, a que el centralismo siga beneficiándose de ello».

«Los andaluces tenemos mucho que decir, porque el estatus jurídico-constitucional de esta nacionalidad histórica es idéntico al de Euskadi, Cataluña y Galicia, a las que se dirige, exclusivamente, la propuesta de Urkullu, con interesado y expreso olvido de Andalucía», denuncian, mostrándose «convencidos de que una inmensa mayoría de la sociedad andaluza, así como la práctica totalidad de sus fuerzas políticas, coinciden en que Andalucía conquistó la igualdad con las llamadas nacionalidades históricas el 4 de diciembre de 1977, en las calles, el 28 de febrero de 1980, en las urnas, y el 21 de octubre siguiente, al acordarse, por unanimidad, el desbloqueo de la autonomía en el Congreso».

«Las Cortes de 1978 diseñaron una Constitución profundamente discriminatoria, en favor de esas nacionalidades, que sólo el empeño del pueblo andaluz y su vanguardia andalucista pudieron quebrar, a duras penas, al tiempo que escribían una de las más vibrantes páginas de su historia», añaden.

En esa línea, cargan contra «la intención esencialmente discriminatoria del pacto constitucional en relación con la organización territorial del Estado, mantenida en el tiempo y expresiva del pacto que derecha e izquierda españolistas ahormaron durante la Transición para satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vasco y catalán, también responsables interesados de tal discriminación», y subrayan que los andaluces hicieron «saltar por los aires» ese pacto, «aunque con el paso de los años los sucesivos gobernantes andaluces lo han ido asumiendo, atentos prioritariamente a conquistar el gobierno del Estado con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas y vascas que, a cambio, obtenían pingües beneficios políticos y económicos».

Los referentes andalucistas remarcan que el lehendakari «traza la línea roja de la desigualdad en las comunidades que tuvieron ‘autogobierno previo a la Constitución de 1978’», y al respecto admiten que «las tres nacionalidades citadas -País Vasco, Cataluña y Galicia- lo consiguieron durante la República, pero no es menos cierto que Andalucía lo tenía previsto para septiembre de 1936», apostillan, preguntándose si «no es el colmo que la línea roja del señor Urkullu, como en su día de los constituyentes, venga marcada por el golpe de estado del general (Francisco) Franco».

Además de Rojas-Marcos, el documento está suscrito por el ex alcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pedro Pacheco, así como otros históricos referentes del PA como Miguel-Ángel Arredonda, Antonio Moreno, Emilio Pérez Ruiz y José Núñez.

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